¿Por qué cierran las farmacias?

Tras una jornada de huelga general en la que muchos comercios cerraron sus puertas, existe un colectivo que continua en huelga indefinida hasta que no se regularice su situación. Una deuda de 540 millones de euros tiene la culpa. Las farmacias, y con ellas el sistema de salud valenciano en…

¿Por qué cierran las farmacias?

Tras una jornada de huelga general en la que muchos comercios cerraron sus puertas, existe un colectivo que continua en huelga indefinida hasta que no se regularice su situación. Una deuda de 540 millones de euros tiene la culpa. Las farmacias, y con ellas el sistema de salud valenciano en su conjunto, ven su futuro pendiente de un hilo.

En la Comunitat Valenciana existen 2.400 farmacias repartidas por todo el territorio. Todas ellas entrarían en la definición tradicional de PYME: Dependen de un farmacéutico titular, que es el máximo responsable de la empresa, y cada una suele contar con un personal que ronda los cuatro trabajadores de media pero que, en determinados establecimientos, puede llegar a superar la decena. Un tejido social que afecta a alrededor de diez mil familias sin contar todos los puestos de trabajo indirectos (almacenes, distribuidores, servicios de limpieza, asesorías…).

Los farmacéuticos protestan contra los impagos de la Generalitat. Foto: MICOF

Los farmacéuticos protestan contra los impagos de la Generalitat. Foto: MICOF.

Hasta hace unos años, ser titular de una oficina de farmacia era para muchos sinónimo de un negocio seguro, bien remunerado y fuertemente regulado por el estado. Un estado que, como en tantos otros sectores, se ha convertido en el principal problema de los farmacéuticos.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un comercio en el que el principal cliente no paga? Esa es la pregunta que se hacen todos y cada uno de los farmacéuticos tras ver que la Generalitat Valenciana, les adeuda el pago de los medicamentos desde el 15 de mayo de 2012.

¿De dónde sale esa deuda?

Pongamos por caso que cualquiera de nosotros, como ciudadanos adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, acudimos a la farmacia con una receta firmada por nuestro médico de cabecera a adquirir un medicamento cuyo precio son diez euros. Lo habitual será que pagaremos por ese medicamento entre un 40 o un 60 por ciento de su precio, dependiendo de nuestro nivel de renta (e incluso menos si somos pensionistas o nos encontramos dentro de los grupos especiales que contempla la ley). Es decir el farmacéutico nos cobrará cuatro euros y los seis restantes los pondrá el Estado (la Generalitat).

Si pensamos en la cantidad de medicamentos que puede dispensar una farmacia al mes y la multiplicamos por cinco, obtenemos unas cifras que hacen inasumible cualquier tipo de viabilidad económica del establecimiento si la Generalitat no cumple los pagos. Según Carles Esteve, farmacéutico en Tavernes Blanques (Valencia) “el total de la deuda (cinco meses y medio), en una farmacia normal, puede ser de unos 200.000 a 300.000 euros. Y es un problema que no afecta sólo a las farmacias, sino también a la distribución y por último a los laboratorios”.

¿Quién paga entonces a los laboratorios?

Sencillamente, los farmacéuticos, pues son el último eslabón de la cadena. El stock de producto de las farmacias suele suponer el coste de los medicamentos de un mes más o menos, pero cuando empezaron los retrasos en los pagos, los farmacéuticos alargaron los aplazamientos de pagos hasta el máximo a la vez que se reducía el stock. Algo que “sólo permite ganar dos o tres meses. El resto, hasta los cinco meses y medio que nos adeudan hoy ha salido del patrimonio de cada uno o de créditos de bancos”, puntualiza Esteve.

El problema, según este farmacéutico, llega a la hora de negociar los pagos: “Las farmacias compramos los medicamentos a las distribuidoras y normalmente tienes un aplazamiento en el pago de estos medicamentos, de hasta 90 días pero siempre a cambio de unos intereses, que han aumentado espectacularmente en los últimos cuatro años.Estos aplazamientos ya no son legales por la ley de morosidad que impide pasar de los 75 días, aunque la realidad es que se encuentran fórmulas para hacerlo y las administraciones públicas no tienen la vergüenza de aplicar esta normativa cuando tienen retrasos en los pagos de incluso años”, lamenta Esteve.

Una vez dispensado el medicamento, a final de mes, se envían todas las recetas para su gestión y la Consellería debería pagar, según el convenio vigente, a los 30 días. Algo que hace cinco meses que no sucede.

Farmacias en quiebra

Según el Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), han comenzado a darse casos de farmacias que se han visto obligadas a cerrar por no poder hacer frente a los gastos y alrededor de 200 de ellas se encuentran ya en concurso de acreedores, como denunció hace unos días la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante (APEFA).

“Los casos de quienes se han comprado una farmacia hace poco son los más extremos. Hasta hace un tiempo se vendía una farmacia por cerca de 3 veces la facturación anual”, comenta Esteve. “Esto supone unos préstamos bancarios con muchas cifras. Además de los impagos, hay que añadir los recortes sucesivos que ha habido en el margen de las farmacias, que las han hecho bastante menos rentables. Es cierto que desde la dictadura, las farmacias han sido un buen negocio, con unas ganancias envidiables y una enorme seguridad, pero en los últimos años, el margen real que queda del medicamento es de entre el seis y el ocho por ciento. Estas cifras son comparables con las de cualquier PYME, así que el argumento de que los farmacéuticos están forrados está algo desfasado”.

200 farmacias se encuentran en concurso de acreedores. Foto: Redfarma.

200 farmacias se encuentran en concurso de acreedores. Foto: Redfarma.

Un problema laboral

El resultado de cara al público es que, en muchos casos no se adelanta ninguna medicación e incluso se dejan de dispensar algunos medicamentos caros porque, a parte de engordar la deuda de la farmacia, suponen pérdidas si tenemos en cuenta el coste que supone financiarlos a seis meses vista. Pero de puertas hacia dentro, la situación no es mucho mejor.

Cecilia Morales trabaja como farmacéutica en Mislata (Valencia) y desde hace tiempo notan los efectos de esta situación. “En mi farmacia somos 12 y hemos llegado a ser 15 en plantilla. Actualmente estamos mi jefe, cinco farmacéuticos adjuntos, cinco técnicos y la señora de la limpieza. Desde el año pasado, que empezaron las pérdidas más en serio, mi jefe que tiene créditos avalados con su propia casa nos propuso hacer una reducción del sueldo de todos para evitar tener que despedir al 20 por cien de la plantilla. A partir de Enero ya no seremos farmacia de 24 horas y sobran farmacéuticos (que somos más costosos), así que la solución para no tirar a nadie ha sido la reducción de jornada y sueldo en función de la antigüedad”.

Más que vendedores de medicamentos

El desmoronamiento del sistema de farmacias implica unas consecuencias que van más allá del acceso a los medicamentos. La farmacia es un centro de información sobre el medicamento y todo lo que tiene que ver con él, y en muchos casos está se sitúa como un primer filtro en patologías menores que no requieren de un diagnóstico especializado (resfriados, diarreas no severas, dolores leves, etc…), una consulta al farmacéutico que, en muchos casos, evita una visita al médico de cabecera y “descongestiona” los centros de salud.

A Morales le sobran ejemplos, “la gente mayor viene a preguntarnos a diario qué tomar, cómo tomarlo, las interacciones que tienen los veinte medicamentos que toman a la vez, a medirse la tensión… También vienen las madres primerizas con mil dudas que no les resuelven en atención primaria porque les ‘largan de la consulta’: Desde como dar de mamar, cuánto, como sacarse la leche, congelarla, cuidados del bebé….Muchas veces se fían más de nosotros que de los médicos porque sienten que estos no les hacen caso, que nos les escuchan. Y por las noches orientación sexual. Si algo he aprendido con tantos años de guardias es la gran falta de educación sexual y lo pronto que empiezan los chavales sin saber muy bien como funciona la cosa”.

¿Parches o soluciones?


Copago, receta electrónica, genéricos…en poco menos de un año hemos visto como se han ido introduciendo diferentes medidas que, en muchos casos, como denuncia Esteve llegan a crear más problemas de los que intentan atajar. “La poca información que se ha ofrecido sobre el ‘repago’ nos ha obligado a explicar una y otra vez la repercusión que iba a tener sobre cada ciudadano, contando con la falta de previsión que supuso su aplicación”, un punto en el que Morales también coincide, “actualmente los pensionistas, no saben cuando les van a devolver el dinero que se gastan en medicamentos y vienen a nosotros pidiéndonos explicaciones. Incluso preguntando cuando les vamos a devolver ‘nosotros’ el dinero».

Lo mismo está ocurriendo con la receta electrónica explican estos farmacéuticos, “la mayor parte de los pacientes llegan a la farmacia con un papel que acaban de recibir por primera vez en el centro de salud y dicen: ‘El médico me ha dado esto y me ha dicho que ya me lo explicarían en la farmacia’».

Pero sin duda, el caso más grave sería la implantación del Precio Más Bajo (PMB). “Esta norma ha supuesto que no podamos hacer ninguna previsión de compras más allá de un mes (tampoco los almacenes de distribución) y, de cara al paciente, que en muchos casos tengamos que sustituir un medicamento a personas de un mes para otro. El resultado en muchos casos es que dejan de tomarlo porque no lo reconocen cuando se trata de personas mayores polimedicadas”, comenta Esteve.

Cuando le preguntamos si existiría una solución al problema lamenta no tenerla, pero una cosa sí tiene clara “de entrada, no creo que la sanidad pública sea insostenible como quieren hacernos creer. Todo es una cuestión de aumentar los ingresos vía impuestos en lugar de dedicarse a regalar otro trozo del pastel a los bolsillos privados que encuentran negocio en esto de la enfermedad”.